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title: "RIVADAVIA LLEVA A LA SUPREMA CORTE SU RECLAMO POR LA COPARTICIPACIÓN Y ADVIERTE SOBRE PÉRDIDAS MILLONARIAS"
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description: "La Municipalidad de Rivadavia participará este jueves 12 de noviembre, a las 10, de una audiencia ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Provincia. El intendente Ricardo Mansur convocó a instituciones y representantes del departamento a acompañar el reclamo por una distribución que el Municipio considera desigual y que, según sus estimaciones, podría representar una pérdida superior a los 15.000 millones de pesos durante 2027."
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date_published: "2026-11-10T08:02:00-03:00"
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# RIVADAVIA LLEVA A LA SUPREMA CORTE SU RECLAMO POR LA COPARTICIPACIÓN Y ADVIERTE SOBRE PÉRDIDAS MILLONARIAS

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La disputa judicial entre la Municipalidad de Rivadavia y el Gobierno de Mendoza por el régimen de coparticipación municipal tendrá una nueva instancia este jueves 12 de noviembre, cuando las partes comparezcan ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

La audiencia está prevista para las 10, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, ubicado en avenida España 480 de la Ciudad de Mendoza, según lo establecido en una resolución judicial del pasado 27 de octubre.

El encuentro se desarrollará en el marco de la acción de inconstitucionalidad impulsada por el Municipio en junio de 2024, luego de la modificación del sistema de distribución de recursos provinciales entre los departamentos.

**EL ORIGEN DEL RECLAMO**

La controversia se remonta a la reforma del régimen de coparticipación municipal impulsada por el Gobierno provincial durante 2024.

Según sostiene la Municipalidad de Rivadavia, la modificación introducida mediante la Ley N.º 9.550 eliminó los parámetros de nivelación regional y estableció un Coeficiente de Equilibrio Municipal basado exclusivamente en el crecimiento poblacional.

Desde la administración municipal consideran que este cambio perjudica económicamente al departamento, al no contemplar suficientemente sus características productivas y las transformaciones experimentadas en los últimos años.

Por ese motivo, el Municipio acudió a la Justicia provincial para cuestionar la constitucionalidad de la reforma y reclamar una distribución de recursos que considera más equitativa.

**MÁS DE 15.000 MILLONES DE PESOS EN DISCUSIÓN**

De acuerdo con las proyecciones difundidas por el Municipio, Rivadavia podría dejar de percibir más de 15.000 millones de pesos durante 2027 como consecuencia del actual esquema de distribución.

Además, la administración municipal estima que la diferencia acumulada desde 2024 supera los 45.000 millones de pesos.

Para fundamentar su planteo, presentó una comparación con otros departamentos mendocinos de características poblacionales similares.

Según esos cálculos, Rivadavia recibiría durante 2027 aproximadamente 472.235 pesos de coparticipación por habitante, mientras que el promedio del grupo de municipios utilizado para la comparación alcanzaría los 713.083 pesos.

La diferencia representa alrededor de un 51% adicional respecto de los recursos por habitante asignados a Rivadavia.

Entre los ejemplos expuestos se encuentra Junín, que, pese a contar con una población menor, tendría una proyección de coparticipación superior a la de Rivadavia.

También se mencionan los casos de Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Lavalle y General Alvear, cuyos indicadores por habitante superarían los del departamento del Este mendocino.

Estas cifras corresponden a estimaciones presentadas por el Municipio y forman parte de los argumentos utilizados para sostener su reclamo.

**EL IMPACTO EN OBRAS Y SERVICIOS**

La Municipalidad también vinculó las diferencias de coparticipación con las posibilidades de inversión en infraestructura y servicios públicos.

Según sus estimaciones, los más de 15.000 millones de pesos que considera que dejaría de percibir en 2027 equivaldrían, a valores actuales, a aproximadamente 15 kilómetros de pavimento, tres establecimientos escolares nuevos o tres renovaciones completas de la flota de vehículos de servicios.

En cuanto a la diferencia acumulada desde 2024, el Municipio la comparó con el costo de 45 kilómetros de pavimento o nueve establecimientos educativos.

El planteo también incluye indicadores de financiamiento educativo. De acuerdo con los datos municipales, Rivadavia cuenta con 21.992 niños y jóvenes en edad escolar y registra un financiamiento educativo por habitante en edad escolar de 167.584 pesos, frente a un promedio de 244.753 pesos en los departamentos seleccionados para la comparación.

**MANSUR CONVOCÓ A LAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO**

Ante la proximidad de la audiencia, el intendente Ricardo Mansur convocó a dirigentes, representantes institucionales y distintos sectores de la comunidad a acompañar el reclamo.

El jefe comunal sostuvo que Rivadavia no busca un tratamiento privilegiado, sino una distribución de recursos que considere justa para sus habitantes.

El Municipio recordó que la iniciativa surgió de reuniones con legisladores, concejales, exintendentes e instituciones departamentales, en las que se planteó la necesidad de defender los intereses económicos de Rivadavia.

**QUÉ RESOLVIÓ LA SUPREMA CORTE**

La audiencia había sido prevista inicialmente para abril de 2025, pero fue suspendida mientras se resolvían distintas cuestiones procesales.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2026, la Suprema Corte desestimó el planteo de improponibilidad de la demanda y rechazó las excepciones de incompetencia, caducidad de la acción y defecto legal.

Superadas esas instancias preliminares, el tribunal estableció una nueva convocatoria para este jueves.

La resolución dispone que la audiencia será presencial y estará dirigida por el presidente de la Suprema Corte o su reemplazante legal.

La convocatoria representa un avance en la tramitación judicial del reclamo, aunque todavía no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma.

De esta manera, Rivadavia llegará a la Suprema Corte con un planteo que trasciende la discusión administrativa y que, según las autoridades municipales, tiene consecuencias directas sobre los recursos disponibles para obras, infraestructura y servicios destinados a la comunidad.

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