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El agente en cuestión está imputado en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este), por delitos como violación de domicilio, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y lesiones leves calificadas por el vínculo de pareja en el marco de violencia de género. Como consecuencia de las denuncias, se le dio de baja a su asignación como auxiliar policial.
El proceso de evaluación del desempeño y conducta de los agentes, que ocurre tras un período de 12 meses, concluyó que el comportamiento del agente era incompatible con el "Estado Policial" de la provincia. El informe técnico destacó que sus acciones fueron erróneas y transgredieron los principios éticos y morales que guían la función policial, además de afectar el prestigio de la institución.
Siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Asesoría Letrada, el Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió no confirmar ni renovar el cargo del agente, quien tiene 15 días hábiles para apelar la decisión. Desde el Ministerio destacaron las políticas de control, prevención y sanción ante casos de violencia de género en la Policía de Mendoza.
