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"No al cierre del CCT". El grito es unánime y resuena en las puertas de la institución ubicada en el Carril Norte 143. Lo que para la Dirección General de Escuelas (DGE) parece ser un simple movimiento de expedientes, para los vecinos de San Martín es un golpe directo al corazón de su economía y dignidad. Bajo una decisión administrativa que la comunidad califica de "arbitraria", el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) 6033 corre el riesgo de desaparecer.
Un puente hacia el trabajo
El CCT 6033 no es solo una escuela; es un motor productivo para los barrios aledaños. Con una matrícula que superó los 100 alumnos el año pasado, el centro ofrece formación técnica y en oficios que permite a mujeres, adultos mayores y jóvenes excluidos del sistema formal generar sus propios ingresos.
"Soy mamá soltera, no tengo apoyo de nadie y aquí decidí capacitarme. Hoy tengo un emprendimiento que me permite darle de comer a mis hijos con lo que aprendí acá", relató con angustia una de las alumnas presentes en la protesta.
Además de la capacitación para adultos, el centro cumple una función estratégica al articular con escuelas secundarias, permitiendo que adolescentes en riesgo de abandono escolar egresen con un oficio que les asegure una salida laboral inmediata.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el desamparo político que siente la comunidad educativa. María de los Ángeles Meza y Sonia, docentes del establecimiento, señalaron que, a pesar de la visibilidad del conflicto, no han recibido comunicación ni apoyo de la Intendencia de San Martín.
“Las autoridades no pueden desconocer lo que está sucediendo aquí. Creemos que el Intendente debería estar apoyándonos en este momento, mediando ante la DGE para evitar este atropello”, expresaron las docentes. La crítica apunta a una gestión local desconectada de las zonas vulnerables, que prefiere el silencio administrativo antes que la defensa de una institución que brinda contención ante flagelos como la desocupación y el consumo de sustancias en la juventud.
La comunidad denuncia que el proceso de cierre se ha dado de manera opaca. Se les ha sugerido el traslado a Palmira, una opción inviable para la mayoría de los asistentes debido al alto costo del transporte público. "La educación es un derecho, no se puede negar a las personas que quieren aprender, más allá de la edad o los recursos", sentenciaron los manifestantes.
El conflicto deja en evidencia una realidad dolorosa: mientras los alumnos exhiben con orgullo los elementos reciclados y las costuras realizadas para jardines de infantes y escuelas de la zona, las autoridades locales parecen ignorar el valor social de una institución que, en lugar de cerrar, debería ser fortalecida.
