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Hace pocos días, el Juzgado de Garantías de Marcelo Garnica, ubicado en los Tribunales Federales de calle Pedro Molina y España, dictó una nueva sentencia contra la joven esteña. En esta oportunidad, la Justicia la halló culpable por narcomenudeo, tras una investigación que se inició en octubre del año pasado.
Debido a que la mujer fue víctima de abuso sexual y violencia de género por parte de un funcionario público, su identidad se mantiene bajo reserva. Sin embargo, su recorrido en el mundo delictivo y los pasillos judiciales es extenso y ha tenido una amplia cobertura mediática.
La historia se remonta a 2018, cuando la Policía contra el Narcotráfico (PCN) desarticuló una organización liderada por Sebastián Leonardo Malla. La banda tenía una estructura familiar y contaba con la complicidad de dos policías que filtraban información a cambio de drogas. La mujer formaba parte activa de este grupo.
En 2020, durante el juicio oral, fue condenada, pero recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, el régimen duró apenas 24 horas:
Fue detenida en la vía pública circulando en una moto robada.
Intentó fugarse de un control policial y chocó contra un vehículo estacionado.
Al ser reducida, mordió a un efectivo y aseguró ser portadora de VIH.
Declaró que rompió el arresto porque uno de sus hijos estaba internado.
Tras ese incidente, fue trasladada a los calabozos de la Unidad 32 en el edificio judicial de Ciudad. El 25 de diciembre de 2020, denunció haber sido abusada sexualmente por un agente penitenciario.
La investigación posterior, apoyada en peritajes psicológicos y análisis de ADN, confirmó el contacto sexual. Aunque el guardia, Saúl Gonzalo Beterette, alegó que el encuentro fue consentido, el Tribunal Oral Federal Nº 1 rechazó su versión. En 2023, Beterette fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual agravado, considerando que aprovechó la extrema vulnerabilidad de la mujer en contexto de encierro.
A pesar del traumático episodio y de su condición de reincidente, la mujer volvió a ser blanco de una investigación en septiembre de 2023. Una denuncia anónima a la línea Fonodrogas alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda del Barrio Córdoba, en San Martín.
Tras semanas de vigilancia, la PCN confirmó la venta de estupefacientes. Durante el allanamiento:
La sospechosa intentó ingerir los envoltorios para ocultar la evidencia.
Se secuestraron 14 gramos de cocaína fraccionada, marihuana y dinero en efectivo.
Se hallaron elementos de corte y fraccionamiento (recortes de nylon).
Durante el proceso actual, la defensa planteó problemas de adicción y la necesidad de tratamiento. No obstante, ante el peso de las pruebas, la acusada optó por un juicio abreviado.
El pasado 13 de marzo, la mujer admitió los hechos y aceptó la pena propuesta por la fiscalía. El juez Garnica homologó el acuerdo, condenándola a 4 años de prisión efectiva y el pago de una multa, manteniendo su declaración de reincidencia.
Fuente: Basado en la investigación periodística de Exequiel Ferreyra para El Sol Diario.
