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Como resultado de las primeras medidas, se logró identificar a tres menores, a quienes se les secuestraron dos armas de juguete y dos teléfonos celulares.
Según informaron fuentes oficiales, los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes con el objetivo de determinar si desde allí se originaron los mensajes intimidatorios. La causa busca establecer responsabilidades y esclarecer el alcance de las amenazas.
En este contexto, la Justicia ya citó a los padres de los involucrados y evalúa la posibilidad de imputarlos, en función de su rol en la supervisión y cuidado de los menores.
Uno de los implicados tiene 17 años, por lo que es considerado imputable de acuerdo al Código Penal vigente. El joven fue detenido y trasladado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), según confirmó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.
En cuanto a los otros dos menores, al no ser imputables por su edad, quedaron bajo un régimen de protección de derechos. Este procedimiento implica una investigación sobre su entorno familiar y sus condiciones sociales. A partir de esa evaluación, no se descarta su incorporación a programas específicos de contención y asistencia.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo previsto, recién en septiembre entraría en vigencia la posible baja de la edad de imputabilidad a partir de los 14 años.
Desde las autoridades remarcaron que las amenazas no deben tomarse como un juego, ya que constituyen un delito contemplado en el Código Penal, con consecuencias legales tanto para quienes las emiten como para sus responsables legales.
