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SAN MARTÍN – Este lunes 18 de mayo, una noticia desgarradora confirmó el peor de los finales para una historia que ya había encendido las alarmas hace más de un mes. El joven Auxiliar de la Policía de Mendoza, de 27 años, que el pasado 11 de abril había sido contenido por sus compañeros tras manifestar intenciones de autolesionarse, fue hallado sin vida este mediodía en su vivienda de la calle Berutti. Según confirmaron fuentes policiales, el efectivo concretó la drástica decisión mediante ahorcamiento.
El hecho generó una profunda consternación, dolor e indignación tanto en su entorno familiar como en la fuerza policial de la Zona Este. El desenlace expone con crudeza los límites y las fallas en los mecanismos de contención institucional para el personal que atraviesa crisis psicológicas severas.
La cronología de los hechos agrava el impacto de la tragedia. El pasado sábado 11 de abril por la noche, un llamado desesperado de la madre del efectivo al 911 alertó que el joven se había atrincherado en un galpón al fondo de su casa con intenciones de quitarse la vida, agobiado por problemas personales y un presunto hostigamiento sentimental.
En aquella oportunidad, el rápido accionar de los móviles de la Comisaría 12° logró ponerlo a salvo, secuestrar cuatro cartas de despedida y retirarle de forma preventiva su armamento reglamentario y el chaleco balístico. La ayudante fiscal en turno, había ordenado de forma urgente la intervención de las áreas de Investigaciones y, fundamentalmente, de Salud Mental.
Sin embargo, a 37 días de aquel primer episodio, las herramientas de asistencia y el seguimiento profesional no fueron suficientes para modificar una realidad que seguía siendo crítica, dejando al uniformado en una situación de extrema vulnerabilidad que terminó de la peor manera este lunes.
La muerte del joven Auxiliar —quien se desempeñaba en la guardia del Palacio de Justicia en la Ciudad de Mendoza bajo extenuantes regímenes de 24 horas de trabajo por 48 de descanso— vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural de la que poco se habla formalmente, pero que golpea de lleno a la institución.
Allegados a la fuerza manifestaron su profundo malestar, señalando que la salud mental de los policías está en "alerta roja". El caso actual expone tres factores críticos que configuran una bomba de tiempo para el personal operativo:
Falta de seguimiento continuo: Los protocolos suelen actuar en la emergencia (retirando el arma), pero fallan en el acompañamiento posterior y terapéutico del policía en su entorno cotidiano.
Estrés laboral crónico y desarraigo: La exposición a situaciones límite, sumada al desgaste de viajar diariamente desde los departamentos del Este hacia los puestos de Capital y otros destinos, mina la resistencia psicofísica de los agentes.
Sueldos magros y sobrecarga: La realidad económica obliga a una enorme cantidad de policías a resignar sus días de franco (los momentos de descanso y contención familiar) para realizar servicios extraordinarios para poder llegar a fin de mes.
La Fiscalía de la Zona Este lleva adelante las actuaciones judiciales de rigor en el domicilio del hecho. Mientras tanto, en las comisarías de la región el clima es de absoluto luto, acompañado por un reclamo silencioso pero ensordecedor: que el bienestar psicológico de quienes cuidan a la sociedad deje de ser una formalidad burocrática y se transforme en una política de estado urgente.
