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Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión desarrollada en la sede de EDESTE, en San Martín, que contó con la participación de la ministra de Seguridad de Mendoza. Álvarez señaló que este trabajo coordinado comenzó hace aproximadamente dos años, cuando las cooperativas expusieron la problemática vinculada al robo de cobre y de transformadores.
“Los resultados han sido positivos. Ha disminuido considerablemente el robo de cobre, especialmente los hechos en los que destruían transformadores para extraer ese material”, afirmó.
No obstante, el dirigente explicó que en la actualidad se observa un incremento en el robo de acometidas domiciliarias, un delito que provoca cortes de energía y genera malestar entre los usuarios afectados. “Cuando se interrumpe el suministro eléctrico en los hogares, la gente reclama con razón y nosotros debemos actuar rápidamente para restablecer el servicio”, indicó.
Álvarez destacó que el plan impulsado por el Ministerio de Seguridad está dando resultados concretos gracias al seguimiento de las causas judiciales. Según explicó, actualmente existe un control más estricto sobre las personas detenidas por este tipo de delitos y se han registrado condenas que oscilan entre uno y dos años de prisión.
“Hoy quienes cometen estos delitos saben que pueden enfrentar consecuencias reales y perder su libertad. Eso genera una mayor prevención”, sostuvo.
Además, remarcó que la cooperativa continúa incorporando herramientas tecnológicas para reforzar la protección de transformadores y otros equipos eléctricos. En lo que va del año, la entidad registró el robo de un solo transformador en una zona cercana al río Mendoza, considerada históricamente conflictiva.
El presidente también valoró el trabajo preventivo que realizan las fuerzas policiales rurales mediante patrullajes nocturnos, ya que la mayoría de estos hechos se producen durante la noche.
“Hubo épocas en las que sufríamos el robo de dos o tres transformadores por noche. Eso generaba enormes perjuicios para la empresa, para la producción y para los vecinos que quedaban sin servicio eléctrico”, recordó.
Respecto al impacto económico, Álvarez explicó que cada transformador tiene actualmente un valor cercano a los 30 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que la principal preocupación no es únicamente la pérdida material, sino la interrupción del suministro eléctrico que afecta a productores, emprendimientos y familias de las zonas rurales.
Las áreas más afectadas continúan siendo los sectores próximos al río Mendoza, donde, según indicó, los delincuentes aprovechan corredores naturales para desplazarse entre distintos departamentos. Por ese motivo, se mantiene un refuerzo de la vigilancia y de las tareas de investigación en esos puntos estratégicos.
Finalmente, Álvarez destacó la importancia de que las causas judiciales lleguen a juicio y concluyan con condenas cuando corresponde.
“Lo más importante es que se ve que hay consecuencias para quienes cometen estos delitos. Eso ayuda a desalentar los robos y fortalece el trabajo de prevención que se viene realizando”, concluyó.
