Mega Noticias Mendoza
Debido a la problemática de sustracción del cobre de transformadores en zonas rurales que ha generado pérdidas millonarias a las empresas que brindan el servicio de suministro eléctrico y a los productores agrícolas del Este, la Policía de Investigaciones a través de División de Robos y Hurtos Zona Este, comenzó con un arduo y difícil trabajo de inteligencia para dar con los autores de estos hechos.
Para tal fin, los pesquisas realizaron varios análisis, entrevistas y seguimientos; reuniendo las pruebas necesarias para que la Justicia aprobara los allanamientos pertinentes.
La semana pasada se realizaron nueve allanamientos, cuatro de ellos en Chapanay, cuatro en San Roque y uno en Palmira, donde aprehendieron a seis delincuentes activos de la banda que además son familiares, y donde también lograron el secuestro de varios elementos que están ligados a la causa, entre ellos, diez teléfonos celulares, calzados, prendas de vestir y herramientas utilizadas para la comisión delictual, dieciséis cartuchos de distintos calibre, un arma de fuego calibre, una motocicleta con pedido por robo agravado, cuatro ruedas, una motosierra, cobre quemado perteneciente a las víctimas y un vehículo Citroen C3 relacionado al hecho investigado.
El titular de la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande, José "Pipo" Álvarez desde hace tiempo vive manifestando el perjuicio que ocasiona este tipo de robos.
La situación es grave y alarmante, ya que no se trata de hechos delictivos aislados, si no que la entidad ya ha registrado el robo de 47 transformadores desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha, cuyo costo aproximado es de más de 155 millones de pesos. Así mismo, el promedio de robos de este equipamiento, es de 3 a 5 hurtos por mes, lo que equivale a pérdidas en costos de aproximadamente 20 millones, de acuerdo a los cálculos de los técnicos que realizó en julio la cooperativa eléctrica de San Martín, aunque siempre teniendo en cuenta que los valores están ajustados al dólar, por lo que actualmente los números son muchos más altos.
Álvarez aseguró: "todas las cooperativas y distribuidoras de las zonas rurales son víctimas de estos hechos, pero la nuestra es la más afectada porque tiene una gran extensión en la zona rural", y advirtió: "es un verdadero ataque a la economía de la región, que es la vitivinicultura".
