INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA: EL CASO FERNANDO CORONEL Y LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE UNA CONDENA SOCIAL

En los últimos días y meses, diversos medios de comunicación han difundido información sobre la situación judicial de Fernando Coronel, psicólogo mendocino imputado por el delito de estupro. Lo han hecho con titulares que dan por sentada una culpabilidad agravada que, según la documentación judicial, no existe. Lo que comenzó como una denuncia penal terminó transformándose en una campaña mediática donde se repiten afirmaciones sin sustento legal, omitiendo deliberadamente hechos clave del expediente y decisiones firmes de la Justicia.

Una causa sin agravantes: lo que dicen los documentos judiciales
 

De acuerdo con fuentes directas del expediente y la resolución de la jueza de garantías interviniente, actualmente no existen agravantes activos en la causa que motiven la prisión preventiva de Coronel. El único cargo que se mantiene es el de estupro (art. 120 del Código Penal Argentino), que implica una relación con consentimiento en el marco de una sociedad común. No hay elementos que indiquen aprovechamiento de posición de poder, relación pastoral, ni vínculo terapéutico con la denunciante.

Durante la audiencia más reciente, la magistrada resolvió el cese de la prisión preventiva, otorgando la libertad plena al imputado, quien ya no se encuentra bajo medidas restrictivas. La decisión judicial consideró no solo la ausencia de peligrosidad procesal, sino también la caída de los agravantes que, sin pruebas ni testimonios consistentes, habían sido originalmente instalados tanto en el expediente como en los medios.

Personas pertenecientes al ámbito religioso informaron que la Unión de las Asambleas de Dios (UAD), a la cual pertenece la Iglesia Centro Familiar, certificó debidamente que Fernando Coronel no es pastor ni ministro de culto. Esta situación fue determinada en jurisprudencia por la Corte Suprema de Justicia provincial con fecha 26 de junio del corriente año. Reiteramos: esta relación consensuada no se dio en el marco de lo religioso ni profesional.

Un acuerdo condicionado: juicio abreviado
 

A pesar de las inconsistencias de la denuncia y la falta de pruebas agravantes, se llegó a un juicio abreviado. Esta decisión fue tomada ante la presión mediática sostenida y tras evaluar que la pena pactada sería prácticamente equivalente al tiempo que ya había permanecido privado de su libertad bajo arresto domiciliario.

Además, se señala que el Estado provincial no estaría dispuesto a admitir que Coronel pasó más de siete meses bajo detención sin fundamentos sólidos, y que un eventual juicio civil por privación ilegítima de la libertad podría haber resultado perjudicial para el erario público. Por ello, el juicio abreviado funcionó como una salida práctica —aunque forzada— para cerrar el caso sin una admisión formal de error por parte del aparato judicial.

Extorsión económica: un hecho documentado
 

Uno de los elementos más llamativos de la causa —y que ha sido sistemáticamente ignorado por los medios que cubrieron el caso— es la existencia de una extorsión económica por parte de la familia de la denunciante, acreditada mediante acta notarial firmada antes del inicio formal de la investigación penal. Según este documento, la familia de la supuesta víctima habría solicitado una suma de dinero para no continuar con la demanda: USD 150.000 (ciento cincuenta mil dólares americanos). Esta situación fue publicada por un medio de comunicación provincial en diciembre pasado de manera distorsionada, sin fundamentarse en la verdad (Protocolo Notarial, a fojas 566).

Este hecho reviste de gravedad: no solo expone un intento de condicionar el proceso judicial mediante presión económica, sino que también sugiere una motivación distinta a la búsqueda de justicia. A pesar de su relevancia, este episodio ha sido ocultado o relativizado en las notas publicadas por portales locales y provinciales, que se limitaron a replicar las versiones de los interesados en este beneficio sin verificar los hechos ni consultar al entorno del imputado.

Manipulación mediática y condena social anticipada
 

Fernando Coronel no es pastor, no mantenía una relación profesional con la denunciante en el momento de los hechos (ni antes ni después), y ha sostenido desde el principio su disposición a colaborar con la Justicia. Sin embargo, ha sido presentado públicamente como un “aprovechador”, “abusador de la fe” y “profesional desleal”, etiquetas que no tienen respaldo en la investigación legal actual.

Este fenómeno no es nuevo: en la era digital, basta una acusación amplificada por medios y redes sociales para instalar la condena antes de que exista sentencia. Lo preocupante es que muchos de estos portales repitieron afirmaciones como “abusó de una paciente menor” o “utilizó su rol de pastor”, pese a que ambas afirmaciones fueron desestimadas por la Justicia.

Conclusión: ¿justicia o linchamiento mediatico?
 

El caso de Fernando Coronel pone en cuestión la ética del periodismo actual y la capacidad de la sociedad para distinguir entre verdad judicial y narrativa mediática. ¿Hasta qué punto una denuncia debe ser difundida con versiones no corroboradas? ¿Qué responsabilidad tienen los medios cuando promueven una condena social basada en hechos que no están probados?

Mientras el expediente judicial avanza sin agravantes, con el imputado en libertad y con una condena simbólica pactada para evitar males mayores, las redes siguen dictando sentencia. En el medio, la verdad —compleja, documentada y muchas veces silenciada— espera ser contada con rigor y responsabilidad.