QUIEREN APROBAR LA MINERÍA PARA QUE MENDOZA SEA COMO SAN JUAN Y CATAMARCA

La Ley 7.722, sancionada en 2007, es uno de los pilares de defensa ambiental más importantes del país. Prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico en la minería metalífera y exige controles estrictos sobre el agua.

En una provincia árida, donde la vida económica y social depende de cada gota disponible, la ley se convirtió en un consenso social histórico. Modificarla o avanzar con proyectos que la contradicen supone abrir la puerta a un modelo extractivo que pone en tensión el uso del agua con otras actividades productivas.

Qué dice el CONICET: deficiencias graves y advertencias sobre el agua

El reciente informe del CONICET Mendoza sobre el proyecto San Jorge encendió señales de alarma. El organismo detectó falencias en el Informe de Impacto Ambiental, especialmente en:

• la disponibilidad real de agua en la cuenca,
• la situación del arroyo El Tigre,
• la línea de base biológica,
• el patrimonio arqueológico,
• y los impactos socioeconómicos.

Cabe destacar que desde la dirección del organismo dieron de baja un comunicado donde especialistas advertían sobre puntos poco claros del proyecto votado.

Ese es el link en donde se encontraba la información:

https://mendoza.conicet.gov.ar/tag/proyecto-san-jorge-cobre-mendocino/

Minería en una provincia con escasez de agua: ¿es viable?

En Mendoza el agua es limitada, finita y cada vez más escasa. La minería metalífera requiere grandes volúmenes de agua para operar, genera riesgos de filtraciones y modificación de cuencas, y compite directamente con:

la producción de uva,

la agricultura familiar,

la ganadería de montaña,

y el turismo.

Cuando las actividades tradicionales están golpeadas por la crisis, introducir un uso intensivo del agua en zonas sensibles supone un riesgo alto y difícil de revertir.

La intención del Gobierno: cambiar la matriz productiva

El gobernador Alfredo Cornejo ha planteado públicamente la necesidad de “diversificar” la economía provincial con la minería como eje. Esta orientación se evidencia en:

• el retiro del sistema de lucha antigranizo,
• la falta de políticas fuertes para sostener al sector vitivinícola, hoy afectado por precios bajos y abandono de fincas,
• una notable inversión en pauta oficial en medios provinciales,
• y la promoción de la minería en programas educativos y formaciones docentes.

Para amplios sectores sociales, estas decisiones muestran un camino claro: desplazar el protagonismo del agro y la vitivinicultura hacia un modelo extractivo.

Uspallata y la ausencia de licencia social

El proyecto San Jorge se ubica en Uspallata, un área donde las comunidades locales, vecinos y organizaciones ambientales han manifestado durante años un rechazo sostenido.
No existe licencia social para un emprendimiento de esta magnitud. Avanzar sin ese consenso no solo es políticamente conflictivo: también erosiona la legitimidad de las instituciones que deben proteger el interés público.

Quiénes votaron a favor en la Legislatura

En la sesión del 26 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. Entre los legisladores que votaron a favor se encuentran:

Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Triviño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez, José Manuel Vilches, Beatriz Martínez, Alberto López, Elisabeth Crescitelli, Raúl Villach, César Cattáneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, entre otros del oficialismo y bloques aliados.

La votación se dio pese a las advertencias técnicas del CONICET y el rechazo de la comunidad de Uspallata.

 ¿Qué modelo de provincia queremos?

El dilema no es minería sí o minería no. Es algo más profundo:
¿Qué futuro queremos para Mendoza? ¿Uno basado en un modelo extractivo con alto consumo de agua o uno que fortalezca actividades que generan empleo estable, valor agregado y un uso responsable del recurso hídrico?

Con un contexto de sequía histórica, un sector agrícola en crisis y un informe técnico que cuestiona el proyecto, avanzar con la megaminería parece más un salto al vacío que una política de desarrollo.

La Ley 7722, la ciencia y la gente han marcado un camino claro. Queda por ver si la política lo escucha.