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Tras intensos debates generados por la caída de forestales durante las tormentas estivales, el cuerpo legislativo resolvió la controversia sobre las competencias de mantenimiento. Con 33 votos a favor y 9 en contra (provenientes del PJ, el Partido Verde y un sector del PRO), la normativa ya es un hecho.
A partir de esta modificación, los intendentes cuentan con la facultad inmediata de remover árboles que, por su deterioro o falla estructural, representen una amenaza para los ciudadanos, sus hogares o sus vehículos.
El proyecto, impulsado originalmente por el senador Marcelino Iglesias, busca eliminar la burocracia que obligaba a los municipios a solicitar autorizaciones al Ejecutivo provincial para cada intervención. Este proceso, que solía demorar meses, dejaba a los jefes comunales "maniatados" ante situaciones de emergencia climática, como tormentas o ráfagas de viento Zonda.
La nueva legislación establece una descentralización operativa, otorgando mayor autonomía técnica a los municipios, aunque bajo estrictos lineamientos ambientales.
La reforma no solo transfiere responsabilidades, sino que redefine la gestión del patrimonio forestal bajo criterios de eficiencia:
Eficiencia hídrica y poda: Se promoverá la plantación de especies con copas más reducidas y de bajo mantenimiento. Se priorizará la "poda mínima" para optimizar la sombra y reducir la generación de residuos.
Planificación a largo plazo: Los municipios deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada 4 años, acompañado de informes de ejecución anuales.
Fomento del policultivo: Para evitar que plagas masivas (como la que históricamente afectó a los olmos) arrasen con grandes áreas verdes, se exigirá la combinación de diversas especies en las zonas urbanas.
"Esta ley permite que quienes están en contacto directo con el vecino puedan actuar con la celeridad que el riesgo ambiental requiere", destacaron fuentes legislativas tras la votación.
